El precio de investigar

Artículo escrito con Alberto Garzón

Cuando alguien encuentra indicios de corrupción, lo primero que debe hacer es investigar el caso. Eso es lo que hicieron los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Y lo que descubrieron fue para preocuparse: por un lado, la empresa Madrid Trophy Promotion -sociedad unipersonal vinculada a paraísos fiscales y representada por la persona más rica de Rumanía- había firmado en 2001 con la alcaldía madrileña de Álvarez del Manzano un contrato por 1,5 millones de dólares al año para que acogiera un torneo de tenis cuyos derechos de celebración no demostró tener en propiedad (a pesar, incluso, de que ayuntamientos de otras capitales europeas como Roma o París no pagan nada, a ninguna empresa, por los derechos de sede del mismo torneo).

El convenio se fue desarrollando a lo largo de los años -a través de negocios jurídicos opacos y enrevesados- y encareció la factura del Ayuntamiento, primero hasta los cinco millones de euros anuales por celebrar un torneo de categoría femenina, y después hasta llegar a los más de 10 millones de euros anuales con la única contraprestación aparente de elaborar un spot publicitario de 20 segundos y permitir al Ayuntamiento participar en la entrega de premios del torneo. Este desequilibrado, gravoso, irregular y sospechoso convenio ata al Ayuntamiento hasta 2021, momento en el cual -si nada cambia- habrán salido de las arcas públicas cerca de 140 millones de euros. Una factura que está a años luz de cualquiera derivada de un torneo deportivo similar.

Ante estos claros indicios de corrupción y en ejercicio de su responsabilidad, los concejales de Ahora Madrid decidieron investigar.

Tras finalizar la investigación, pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, lo que provocó que el Partido Popular contraatacara interponiendo una querella a los concejales. A pesar de que en la querella del PP se denuncia la contratación de un despacho de abogados externo, está dirigida únicamente a las tres personas que presentaron los hechos en Fiscalía y no a todos los responsables de la citada contratación. Un evidente indicio de que se trata de un movimiento de venganza contra los denunciantes y no un intento de hacer justicia.

El contenido de la querella no se sostiene: el informe fue encargado a un bufete externo porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento no tienen competencias para posicionarse al respecto, y el procedimiento de contratación fue tan legal y escrupuloso como en los nueve casos anteriores idénticos que el PP no denunció. El juzgado que recibió la querella ni siquiera ha emitido valoración alguna sobre los hechos y simplemente se ha limitado a convocar a los querellados para que tengan oportunidad de exponer su versión. Este tipo de querellas suelen admitirse a trámite casi de forma automática y no suponen que el juez correspondiente haya detectado indicios de delito.

No parece razonable, por lo tanto, que la querella a Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato -que ni siquiera ha derivado en auto formal de acusación– se ponga al mismo nivel político y mediático (cuando no por encima) que el silencio del preso y extesorero del PP Luis Bárcenas a su paso por el Congreso de los Diputados; el expolio de más 60.000 millones de euros de dinero público derivado del rescate a la banca; la amnistía fiscal inconstitucional de Cristóbal Montoro a los ricos; o cualquier otro escándalo perpetrado por los de siempre y en beneficio de los de siempre.

Esta práctica tiene dos consecuencias perversas: se desvía el foco del evidente escándalo en torno a la celebración del torneo Mutua Open -que es lo que precisamente denunciaron los querellados y lo que verdaderamente supone un grave perjuicio a lo público- y se espolea la falsa idea de que todos los políticos son iguales (de corruptos). Pero no es sólo que Carlos y Celia no sean como aquellos que utilizan lo público en beneficio privado, sino que son precisamente lo contrario: ellos están denunciados por haber dedicado tiempo y esfuerzo a perseguir la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid.

Cuando uno se aproxima a los hechos con toda la información disponible -y no sólo con la sesgada e interesada difundida por el PP- llega a la conclusión evidente de que todo esto es una maliciosa artimaña para atacar a los concejales y desviar el foco de atención de lo verdaderamente importante. El objetivo del PP no es que se haga justicia, sino desgastar y atacar a quienes están destapando numerosos escándalos de corrupción de la época de Gallardón y Botella y que están demostrando que se pueden aplicar políticas de forma honesta y en beneficio de la mayoría social. El comportamiento de los concejales de Ahora Madrid ha sido ejemplar: han perseguido la corrupción y lo han hecho en todo momento conforme a derecho. Pero cuando pones en riesgo los privilegios de los poderosos te arriesgas a estar en el centro de la diana de un sistema que hará todo lo posible por mantener el statu quo.

 

 

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